En la maratónica sesión del 20 de noviembre en Diputados, se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. En el recinto estuvieron presentes integrantes de Jóvenes por el Clima.
El proyecto había obtenido media sanción en el Senado el julio pasado tras ser creado e impulsado por el senador Fernando Solanas. Ahora, se corroboró la decisión de la cámara alta con 163 votos afirmativos, 8 abstenciones y ningún voto negativo.
Como señala el sitio oficial de la Cámara de Diputados, la iniciativa establece presupuestos mínimos destinados a “garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional”, a la vez que “asiste y promueve el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país”. Además, el proyecto dispone la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático presidido por el Jefe de Gabinete.
La aprobación de esta ley es un hecho histórico porque es una primer iniciativa para que el medio ambiente y el cambio climático sean una política de estado independientemente de los gobiernos que se sucedan. Se trata de un logro de organizaciones, activistas y militantes por el medio ambiente que en los últimos años adquirieron una mayor visibilidad gracias a las movilizaciones masivas lideradas por jóvenes que se dieron en Argentina y todo el mundo.
En el #EcoInforme de hoy, indagamos en los puntos centrales de la ley. Así que si querés conocerla en profundidad, seguí leyendo.
Para entender los detalles y la importancia de esta ley, primero hay que saber qué es el cambio climático. La definición considerada en el proyecto es “la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables.”
Los objetivos que persigue la ley son tres:
1) Establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas.
2) Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
3) Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
Una de los artículos claves del proyecto es la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, cuya función será “articular entre las distintas áreas de gobierno de la Administración Pública Nacional, la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y de todas aquellas políticas públicas relacionadas con la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley”.
A su vez, este gabinete deberá convocar a un Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de carácter consultivo y permanente, cuya función es la de asistir y asesorar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la ley en cuestión. El consejo tendrá la participación de una multiplicidad de sectores: comunidades indígenas, científicos, empresarios, académicos, organizaciones ambientales, entre otras.
Este Plan Nacional incluirá todas las estrategias y políticas estatales orientadas a la lucha contra el cambio climático. Acorde a la nueva ley, deberá tener los siguientes objetivos:
La proyección de políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al cambio climático para las generaciones presentes y futuras.
El desarrollo de métodos y herramientas para evaluar los impactos y la vulnerabilidad, y permitir la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ambientales del país.
La integración de las políticas, estrategias y las medidas de mitigación y adaptación a los procesos claves de planificación.
La incorporación del concepto de los riesgos climáticos futuros, su monitoreo y el manejo de riesgos, en los planes de formulación de políticas.
La reevaluación de los planes actuales para aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo, incluyendo en la misma las proyecciones de crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales.
La preparación de la administración pública y de la sociedad en general, ante los cambios climáticos futuros.
Algunas de las acciones directas que formarían parte del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio climático son la utilización progresiva de energías renovables para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, generando alianzas con universidades y centros de investigación; revisar las normas básicas de planeamiento urbano, construcción y edificación con el objeto de maximizar la eficiencia y ahorro energético, reduciendo la emisión de gases contaminantes y la implementación de normas de construcción sustentable.
Por otro lado, la nueva legislación dispone la creación y difusión de informes anuales sobre el desarrollo de las actividades vinculadas a la ley, como también de la situación ambiental en las distintas regiones del país.
Por último, las provincias deberán adherirse a los presupuestos mínimos establecidos por la ley, obligando a todos los gobiernos provinciales a comprometerse con la cuestión ambiental.
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